Mercantilización y sostenibilidad del SNS

Estamos asistiendo a un acoso sistemático en los medios de comunicación, que se ha acrecentado con la disculpa de la crisis económica, propugnando la insostenibilidad del sistema sanitario y la necesidad ineludible de realizar nuevos recortes en salarios y prestaciones, además de insistentes recomendaciones hacia la privatización de la financiación y la gestión y a la introducción de copagos.

Se menciona como causa mayor de esta insostenibilidad el envejecimiento de la población “cada vez se vive más tiempo y se consumen más recursos”. El incremento de la supervivencia es uno de los objetivos esenciales del sistema sanitario, así que, nos encontramos ante una contradicción, el objetivo del SNS provocaría su propia insostenibilidad…

Pero ya son muchos los autores y las publicaciones que consideran que son otras las causas que subyacen bajo el incremento progresivo del gasto y la supuesta insostenibilidad del sistema sanitario, relacionadas esencialmente con el “abandono” de la Atención Primaria y con la creciente privatización y mercantilización del SNS.

El presidente de Farmaindustria en España, aunque no se ha atrevido a cuestionar la calidad de los medicamentos genéricos “jamás diremos que un medicamento genérico es mejor o peor que un medicamento de marca, ha calificado de inadmisible la obligatoriedad de prescribir por principio activo También muestran su “preocupación” por esta decisión del Consejo interterritorial la federación de Asociaciones Científico Médicas (FACME) y la Sociedad española de Médicos generales (SEMG). 

La caducidad de las patentes de los medicamentos que les han reportado mayores beneficios, la crisis de innovación en la que se encuentra sumergida la industria y la crisis económica mundial dibujan un  panorama especialmente preocupante, ya que la Industria Farmaceutica es un coloso económico muy influyente y no está dispuesta a tolerar la disminución de sus grandes beneficios y está activando todos los mecanismos posibles para compensar la pérdida de sus ganancias e incrementar el consumo de medicamentos: el gasto medio por receta registró en España una caída del 13,5% entre abril de 2010 y enero de 201160 pero se han incrementado el número de recetas, un 2,5% en 2010 con respecto a 2009, alcanzando las 957,7millones, según los datos del Ministerio de Sanidad y Política Social.

 

Para lograr un aumento del consumo de fármacos la Industria Farmaceutica utiliza diversas estrategias:
1. Incrementar su influencia sobre las sociedades médicas, los responsables de los servicios asistenciales y evaluadores del SNS y los partidos políticos:
El presidente del órgano de gobierno de la fundación de la Compañía Farmacéutica (CF) Lilly en España es Patrono de la Fundación del “Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y cardiovasculares Carlos III” y Presidente de la Comisión de Estudios para la Sanidad del PP. Los Vocales de la fundación Lilly son profesionales del sistema público de gran influencia en el mundo de la oncología, salud pública y evaluación de tecnologías, presidentes de sociedades profesionales relevantes y de revistas de impacto y personas que son o han sido directivos del FMI, del Banco Mundial y de Goldman Sachs.
Forman parte del Consejo asesor del Instituto Roche, influyentes jefes de servicio y cargos directivos de hospitales públicos y el director general de Investigación Biomédica de la Comisión Europea en Bruselas.
Ostentan el nombramiento de Patronos de la fundación Pfizer en España el director General de un hospital público de Barcelona, el catedrático de Psiquiatría de una universidad madrileña que a su vez ha participado activamente en la planificación de la Reforma Psiquiátrica en Madrid con el PP, un ex ministro de sanidad del PSOE, el presidente de la Comisión Nacional de Especialidades Médicas y un Concejal del Menor de un Ayuntamiento madrileño, a su vez diputado en la Asamblea de Madrid por el PP.
Son personalidades del consejo asesor de Farmaindustria: Isabel aguilera, Guillermo de la Dehesa, Felipe González, Federico Mayor Zaragoza, Joaquin Maya-Angeler, Joan Mulet, Pedro Nueno y Joan Rodés (Fuente: Memoria anual de la industria farmacéutica 2010)

 

2. Reforzar su posición en los organismos reguladores:

En España, profesionales de los organismos evaluadores y participantes en la elaboración de Guías de Práctica Clínica forman parte de los consejos asesores o de las fundaciones de las compañías farmacéuticas.

 

3. Mantener el control sobre la investigación y la formación continuada de los médicos:

La IF dedica el 30-35% de su facturación a influir en la prescripción de medicamentos lo que explica el incremento progresivo de la utilización de fármacos por parte de la población, incluso por cambios fisiológicos o patologías banales, mientras que los hábitos de vida saludable pierden actualidad. La IF alega que una parte importante del coste de los medicamentos está relacionado con la investigación. Sin embargo, y según fuentes de la propia Industria, esta destinó 1029 millones de euros a investigación en el año 2009 en España, sobre un gasto total en farmacia en ese mismo año de casi 20.000 millones de euros (12506 millones de euros de gasto público y 6964 millones de euros en gasto privado).

 

4. Dadas sus dificultades para fabricar medicamentos para curar enfermedades, la IF promociona de enfermedades para vender medicamentos:
-Como ocurre con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Su tratamiento es con drogas psicotrópicas relacionadas con la anfetamina, que se recetan de forma muy liberal para tratar a estos niños. En el RU se ha doblado su consumo entre 2003 y 2007. En EEUU se emiten 2 millones de recetas al mes. En España, un informe de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Osakidetza (Osteba) alerta del sobrediagnóstico de TDAH en Euskadi y describe el fenómeno de progresión imparable de casos que se están dando en los últimos años.
Entre 2001 y 2007 se multiplicó por 18 la prescripción de psicofármacos por parte de pediatras del País Vasco y por 100 el gasto público en relación con el TDAH (de 8.648 a 890.848 euros). La agencia advierte que tanto en la evidencia científica como en las Guías de Práctica Clínica que en ella se basan, existen sesgos y conflictos de interés que empañan la credibilidad y objetividad de sus afirmaciones y recomendaciones.
- La CF Novartis ha realizado una página Web y ha iniciado una campaña en los medios de comunicación, en junio 2011, específica para la enfermedad de Alzheimer, con los eslóganes: “Alzheimer mejor saberlo” y “todos sufrimos Alzheimer” La campaña hace hincapié en la importancia de acudir cuanto antes al médico ante la mínima sospecha de Enfermedad de Alzheimer (EA). No es difícil alarmarse ante esta información, aunque no queda claro que calidad de vida le espera al paciente que  sabe varios años antes que es posible que llegue a padecer EA, sin que exista la posibilidad de un diagnóstico certero en una fase tan precoz, ni un tratamiento curativo. Se abre no obstante una gran oportunidad de negocio ya que, según informes de prevalencia, la enfermedad afecta a cerca de 650.000 españoles y se espera que vaya en aumento hasta duplicarse en 2020.

La IF conoce bien los efectos de la generación de alarma social, que supone un incremento del número de supuestos pacientes que exigirán todo tipo de medidas desorbitadas y un consumo innecesario de recursos. La gripe A y la vacuna del VPH son otros ejemplos recientes.

 

Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pública
Agosto de 2011

Es la hora de las personas

En tan solo tres años, las circunstancias han cambiado tanto, que nos hacen plantearnos un  nuevo escenario donde los ciudadanos hemos pasado de estar entregados al reconocimiento y a la autorrealización, a bajar al peldaño de la búsqueda de seguridad que nos describió Maslow en su teoría sobre la motivación humana. Se ha pasado de crear,  a destruir empleo. Y toda la sociedad se ve abocada a un replanteamiento de roles y políticas en el que a pesar de todo, siempre hay una oportunidad de mejora. Es un gran momento para recobrar el color, es un momento ideal para dar más protagonismo a las personas.

Cuando las políticas (los mercados) se centran en su propia autocontemplación, cuando la generación de beneficios se convierte en un fin en sí mismo, y cuando el protagonismo se lo quitamos a las personas, entramos en lo virtual, en ese espacio intangible que no genera felicidad mas allá de la contemplación del índice bursátil o de la cuenta de resultados. Pero, ¿Qué hay de las personas?

Las personas, los ciudadanos hemos empezado a notar el frio y las estrecheces, hemos perdido la confianza en nosotros mismos y nos hemos introducido en una espiral en la que nuestra desconfianza y la de los sistemas financieros nos impiden seguir consumiendo lo que nuestro vecino produce. Ambos dejamos de producir riqueza, empleo, e ingresos para las arcas públicas; y todos empezamos a ayudar con esos ingresos mermados, a su desesperada situación.

Pero, ¿es esta recesión un buen momento, para bajar el nivel de exigencia y respeto a los derechos que los ciudadanos han ido conquistando en el último siglo? ¿Debemos bajar el nivel de garantías, para permitir a las empresas volver al mismo nivel de negocio? Ha llegado el momento de las personas. De entregarnos a labor de sacralizar su papel en la sociedad en lugar de seguir abonando el desprecio reflejado en la detestable frase,  “….. es la economía, estúpidos.”

Es el momento de reforzar políticas, que han estado amparadas desde la trastienda de diversos órganos reguladores. Servicios básicos, como la telefonía, los productos energéticos, las comunicaciones, los transportes, los servicios financieros, tienen la obligación de humanizarse, de servir a las personas y de tratarlas como tales. En ocasiones, lo que diferencia a señores y siervos, no es cómo se comportan, sino como son tratados. Velar por ese trato y defender los intereses de las personas, ha de focalizarse como el centro y eje de todas las políticas públicas.

Las políticas públicas han de velar para que todo el mercado se esfuerce en la misma dirección. ¿O acaso es menos público, el dinero que se le cobra a la totalidad de los ciudadanos en contraprestación de los servicios básicos, como la luz, el agua o el teléfono?

En esta época de cambios, ya que no hemos podido evitar la situación por la que atraviesan muchas familias, hemos de aprovechar esta situación para aprender de los errores que nos han conducido hasta aquí, y para reconducir nuestras potencialidades en favor de las personas. No podemos asistir nunca más inermes, al espectáculo que hemos visto en nuestra reciente historia.  Mientras se producía una reducción histórica de los tipos de interés, ésta se cruzaba con una subida espectacular de los precios de la vivienda. Porque, las personas que pudieran haberse beneficiado del abaratamiento del dinero, no solo hubieron de esforzarse lo mismo para adquirir su vivienda, sino que en este momento se ven apuradas para seguir pagando la inversión de su vida, cuando no, han perdido además su empleo por la cascada de acontecimientos que ha producido la explosión de este espejismo.

Personas, personas y más personas. El centro y eje de este pequeño escenario que nos obliga a tratarnos los unos a los otros más amablemente, y que desde los poderes públicos han de afrontar, como un reto imprescindible para poder crecer como sociedad y progresar como civilización, que a continuación han de heredar nuestros hijos.

EL FUTURO DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO. Estudio Delphi

LA OPINION DE LOS GESTORES.

El panel manifestó un marcado deseo de que los profesionales se impliquen en la formulación e implementación de reformas en el SNS y en los órganos de decisión de los centros asistenciales.

El panel también se mostró partidario de la continuidad en el proceso de descentralización autonómica aunque pronosticó que este proceso generará desigualdades territoriales.

Mientras que el posicionamiento a favor o en contra del mantenimiento de las plazas “en propiedad” de las organizaciones asistenciales no se concretó en ninguna predicción significativa, revelando dificultades del panel para alcanzar un consenso en este tema, son nítidos los consensos en el deseo de que se eliminen las interferencias administrativas y se proteja la autonomía de juicio y decisión clínica. Y, de manera absoluta, la supresión del nombramiento político “a dedo” – en lugar de por méritos – de los directivos de la estructura asistencial.

El contraste entre el deseo colectivo de que aumente el número de profesionales que asuman responsabilidades de gestión operativa, con incentivos retributivos específicos, y la escasa confianza en que eso vaya a ocurrir merece una indagación en profundidad sobre las razones en que se sustenta el pronóstico negativo.

Destaca la nitidez con la que el panel – en contraste con lo expresado por políticos y pacientes – se pronuncia en relación a la implantación de fórmulas de corresponsabilidad – copago – en el coste de las prestaciones sanitarias. El elevado consenso en el deseo de implantación de copagos personales para servicios no sanitarios (hostelería, peluquería, entretenimiento, etc.), medicamentos e innovaciones terapéuticas genuinas contrasta con la firmeza del posicionamiento contrario de los panelistas de políticos y pacientes en anteriores consultas sobre las mismas propuestas de cofinanciación.

La única excepción al patrón favorable se refiere al rechazo del co-pago para actos médicos y pruebas diagnósticas. Aunque el panel pronosticó de forma casi unánime que la actual recesión reducirá la utilización de la sanidad privada con la consiguiente presión sobre el sistema público, los panelistas se muestran indiferentes hacia la recuperación de incentivos fi scales a la suscripción de pólizas de seguro libre y también – acercándose al rechazo – a la posibilidad de que en el futuro inmediato se puedan elegir pólizas de cobertura pública y provisión privada.

LA OPINION DE LOS USUARIOS.

Los participantes registran una de las más extremas discrepancias entre deseos y pronósticos en su predicción acerca de que se alcance un acuerdo político estable para erradicar la interferencia de los partidos políticos en el desarrollo del sistema sanitario público. En este sentido, desean que acabe la confrontación política en el SNS para poder afrontar procesos de mejora de largo plazo pero observan con pesimismo que eso realmente vaya a ocurrir.

Frente a pronósticos cautos, los participantes se afirman en la esperanza de hacer escuchar su voz en los órganos legislativos estatales y autonómicos, lo que favorece una visión democrática del sistema y coincide con el lema del Foro Español de Pacientes: “la voz del paciente en democracia”.

Existe una preocupación mayoritaria sobre la existencia de desigualdades en el acceso a tratamientos avanzados y medicamentos innovadores, debido a criterios territoriales no coincidentes en el uso de las competencias autonómicas vigentes. Este hecho ha sido formulado de forma explícita en un reciente informe realizado por la Sociedad Española de Oncología Médica, (www.seom.org).

Se muestra asimismo un amplio acuerdo en la existencia de una representación formal en los órganos de gobierno de los centros asistenciales y de las organizaciones corporativas profesionales, frente a un pronóstico claramente opuesto a que esto ocurra. Esta visión coincide con la que fue expresada en su día en el estudio con políticos y gestores1. Este hecho indicaría un cierto temor de los políticos hacia la participación ciudadana mediante el establecimiento de fórmulas de democracia directa. También se aspira a poder elegir mediante la disponibilidad de información relevante, entre servicios y alternativas asistenciales, tal y como se viene proponiendo en otros sistemas sanitarios comparables, como el National Health Service británico.

Se visualiza una preocupación por la sostenibilidad financiera del sistema sanitario y se manifi esta una escasa confianza en que se mantenga la gratuidad universal con el nivel actual de prestaciones. En congruencia con esta visión se predice una expansión del mercado privado de aseguramiento y servicios sanitarios.

Los participantes rechazan de manera taxativa la corresponsabilización en el gasto asistencial de cualquier nivel mediante el establecimiento de copagos, aunque esta manifestación no es tan unánime cuando se plantea la actualización del copago vigente de la prestación farmacéutica. Estas visiones son coincidentes con las expresadas por los 3.010 ciudadanos entrevistados en el estudio realizado por la Fundació Josep Laporte y la Universidad de Harvard sobre la “Confianza en el SNS” (www.fbjoseplaporte.org). Sin  embargo, esta visión presenta cierta discrepancia con la mantenida por gestores y políticos en el estudio antes mencionado. 

YA ME ENCUENTRO MAS ALIVIADO

Resulta que andaba yo, pasándolo mal porque a mi alrededor hay familias con todos su miembros en paro. Hay jóvenes, (de esos que estaban sobradamente preparados) que no han podido trabajar nunca a sus 30 años, porque en ningún lugar encuentran un trabajo acorde con su sobrada preparación.

Éstos que nunca podrán cobrar una pensión completa porque no tendrán tiempo material de cumplir el requisito de haber cotizado 30 años en su puesto, hoy sobreviven gracias al esfuerzo de su familia, a la que por otra parte hemos reducido los ingresos, al tratarse de una familia cuyo padre es un funcionario y por ende, culpable del desastre de la banca, del sistema financiero.

Estaba preocupado porque cada vez son mas las familias que no pueden llegar a fin de mes, porque en los últimos dos años les han subido un 50% la luz, la gasolina, el gas....., en fin cosas sin importancia, de las que se puede prescindir...

Hoy me he levantado mas aliviado al saber que el Parlamento nos ha bajado el IVA del precio de la vivienda nueva del 8 al 4%, precisamente ahora, cuando todos estábamos pensando en comprarnos el apartamento de nuestros sueños... y que vamos a reformar la constitución (no para mejorar los aspectos de nuestra democracia, de la participación de los derechos fundamentales de la persona, de las desigualdades de género, no) para algo realmente importante: rendirnos a los encantos y buenas ideas de afamados progresistas europeos (Merkel y Sarkozy) y escribir en ella que no podemos gastar mas de lo que ellos nos digan. 

Yo creo que podríamos aprovechar la reforma para reconocer a los españoles el derecho de votar en las elecciones de Francia y Alemania, ya que parece que van a ser estos países los que dirijan los designios del nuestro en las próximas décadas marcadas por esta decadencia intelectual y moral.

Por cierto, he seguido encontrándome mucho mejor al enterarme de IU de Extremadura  se muestra a favor de la reducción del impuesto de sucesiones. ¿¿El mundo está al revés o es que yo estoy cabeza abajo??

Guía de Orientación Legal: Actuaciones legales ante una agresión al personal sanitario

Guía de Orientación Legal: Actuaciones legales ante una agresión.

a) Procedimiento.

Una agresión posibilita, según su carácter, la actuación en tres ámbitos jurisdiccionales distintos: penal, civil y laboral.

En la jurisdicción penal se persigue la imposición de pena ( en sus diferentes modalidades) al agresor y al mismo tiempo puede ejercerse en sede penal la acción civil para reclamar la indemnización que corresponda en el caso de que se hayan causado daños y perjuicios En la jurisdicción civil sólo la indemnización, en aquellos supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios.

En el ámbito laboral, la tramitación de la baja laboral por accidente de trabajo si procediera, y la adopción de medidas organizativas que eviten el contacto con el agresor, en su caso.

Existen dos formas de poner los hechos constitutivos de la agresión en conocimiento bien de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado bien del Ministerio Fiscal, Tribunal competente o Juzgado de Instrucción.

1. Denuncia: Puede formularse por escrito o de forma verbal, personalmente o por medio de  representante con poder especial. No requiere que sea el propio agredido, ni que se dirija contra una persona determinada, pero si existe algún sospechoso, el denunciante puede especificarlo. Los atestados de las autoridades policiales también tendrán la consideración de denuncia.

Los delitos objeto de denuncia pueden ser públicos o privados, en este último caso, sólo serán perseguibles si la denuncia es presentada por los sujetos determinados por la Ley.

A diferencia de la querella el denunciante no interviene personalmente en el proceso penal como parte acusadora.

2. Querella: No solo contiene la exposición de un hecho que puede infringir la legislación penal, sino que contiene asimismo una manifestación de voluntad concretada en que se inicie el procedimiento, y a diferencia de la denuncia, a que se tenga como parte del mismo al sujeto que la interpone.
Debe formularse por escrito, ante el órgano jurisdiccional, siendo necesaria la intervención de abogado y procurador. Los delitos objeto de la misma podrán ser públicos y privados, convirtiéndose el querellante en parte acusadora en el proceso penal.
Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular. Los extranjeros sólo podrán querellarse si son directamente ofendidos por el delito

b) Clasificación de delitos e inicio del procedimiento.
Se clasifican en privados, públicos y semipúblicos.
Los delitos privados, como las calumnias e injurias, son aquellos en que resulta  afectado el interés privado, el proceso sólo puede iniciarse a instancia de personas muy concretas que incluso pueden, como titulares de la acción penal disponer de ella, desistir y poner fin al proceso.
En los delitos semipúblicos, también denominados semiprivados, como son las calumnias e injurias contra funcionarios públicos, la querella del ofendido no es obligatoria, pero es necesaria la denuncia para que se inicie el procedimiento, instando así la actuación del Ministerio Fiscal para su persecución.
Por último sólo en el caso de delitos públicos, como son el resto de los tipificados en el Código Penal, son perseguibles sin la denuncia del concreto perjudicado, y la querella puede formularse por el órgano estatal de la acusación pública, o por cualquier persona, sea ofendida o no por el delito, con la única prevención, en caso de que el querellante no sea el ofendido, ni el órgano del Estado, de exigir la prestación de fianza como garantía. Por último, en los delitos públicos, el querellante particular no dispone de la acción penal.

Finalmente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señala la obligatoriedad de quien presencie la perpetración de cualquier delito público, como de quien por razón de su cargo, oficio o profesión tuvieren noticia del mismo, de ponerlo inmediatamente en conocimiento de los órganos judiciales.

c) Plazo.
La responsabilidad penal desaparece por diferentes causas, siendo de especial relevancia, en cuanto a su persecución, la de la prescripción del delito o falta. Los plazos de prescripción se establecen en función de la pena que la ley señale para los mismos. En los supuestos de delito, el plazo menor de prescripción es el fijado para los delitos de calumnias e injurias, que tiene establecido el de un año, a partir de éste y en función de la pena máxima que tenga señalada, puede ser entre 3 y 20 años. En el caso de faltas el plazo de prescripción establecido por el Código Penal es de 6 meses. En cualquier caso, es recomendable que las agresiones se denuncien inmediatamente, o a la mayor brevedad posible.
Por lo que respecta a la acción civil se establece un plazo general de un año para el ejercicio de la misma.

d) Pruebas.
En orden a acreditar los hechos producidos, es necesario incorporar a la denuncia el mayor número de pruebas, tanto testificales, con la indicación de las personas que han presenciado los hechos, como documentales, recabando inmediatamente la asistencia de un facultativo, para que en caso de agresiones físicas emita el correspondiente parte de lesiones, así como cualquier otro medio de prueba que pueda servir para la determinación de la responsabilidad penal o civil.

e) Asistencia Jurídica.
Los profesionales del Sistema Sanitario de Extremadura tienen derecho a recibir asistencia jurídica por parte de la Administración Sanitaria en los dos niveles que se describen a continuación:

• Nivel de asesoramiento legal: La persona agredida, podrá solicitar de los órganos que se establecen en el Mapa de recursos jurídicos, asistencia jurídica en relación con los hechos acaecidos, en orden a obtener asesoramiento sobrelas vías de acción posible.
• Nivel de asistencia letrada: El Gabinete Jurídico de la Junta de Extremadura asumirá la representación y defensa en juicio – penal y civil – a petición del Consejero de Sanidad y Consumo en los casos de delitos privados cometidos contra los profesionales sanitarios, personándose en todo caso como acusación particular en los casos de delitos públicos.

En aquellos casos en que el personal agredido, lo sea en el ejercicio privado de su profesión, la asistencia jurídica y/ o letrada, en su caso, se canalizará en la forma que disponga el Convenio, que a tales efectos se suscribirá con los Colegios Oficiales que representen los intereses de las profesiones sanitarias.

f) Daños a bienes del Sistema Sanitario Público de Extremadura.
Con ocasión de una agresión o con independencia de ésta, cuando daños y perjuicios para el Sistema  Sanitario Público de Extremadura sustracciones,.. ), se pondrán inmediatamente en conocimiento Sanidad y Consumo para impulsar el ejercicio de las acciones correspondan, de cara al resarcimiento de los perjuicios materiales patrimonio a consecuencia de los actos ilícitos mencionados.

Regulación de los medicamentos Genéricos: evidencias y mitos

La definición de medicamento genérico según la legislación vigente en la UE y en España, contiene cuatro elementos esenciales con implicaciones de interés.

1. En primer lugar, el medicamento genérico debe con tener el mismo principio activo y a la misma dosis que el medicamento de referencia, aunque puede diferir en los excipientes.
2. En segundo lugar, se considera que forman parte de un mismo principio activo las diferentes sales, ésteres, éteres, isómeros, mezclas de isómeros,complejos o derivados del mismo principio activo.
3. En tercer lugar, deben tener la misma forma farmacéutica que la del medicamento de referencia, salvo en el caso de formas farmacéuticas de liberación inmediata administradas por vía oral (por ejemplo, cápsulas y comprimidos).
4. Y por último, que la equivalencia con elmedicamento de referencia se debe demostrar por medio de estudios farmacocinéticos de biodisponibilidad,ya que éstos son los más sensibles para detectar diferenciasentre formulaciones que contienen el mismo principio activo. Sin embargo, en ocasiones, no son necesarios estos estudios in vivo, siempre que se cumplan ciertos requisitos detallados en las guías o directrices de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), por ejemplo la “Guía sobre la investigación de la bioequivalencia”.

Aunque el concepto de medicamento genérico es muy similar para todas las agencias reguladoras del mundo, existen algunas pequeñas diferencias que, sin embargo, generan no poca confusión.

Países como Suiza y Australia tienen requisitos semejantes a los de la UE. Sin embargo, en los Estados Unidos y Canadá un medicamento genérico no solo debe contener el mismo principio activo, sino la misma sal, éster, éter, isómero, mezcla de isómeros, complejos o derivados del mismo. Además, en Estados Unidos, debe ser la misma forma farmacéutica (salvo en casos excepcionales donde el innovador sólo se encuentra en forma de cápsulas y el genérico puede solicitarse en forma de comprimidos o viceversa), mientras que en Canadá, como en la UE, es habitual la aceptación de distintas formas farmacéuticas orales si son sólidas (sólo entre cápsulas y comprimidos). En todos estos países la autorización del genérico se basa en la demostración de bioequivalencia con el producto de referencia aunque los criterios no son idénticos en aspectos tales como el rango de aceptación de posibles diferencias o los criterios de bioequivalencia a aplicar en medicamentos de estrecho margen terapéutico o medicamentos con alta variabilidad intraindividual (>30%). En general, la normativa de la UE es la más exigente de todas en lo referente a los rangos de aceptación para un medicamento genérico. Aunque las diferencias con otras áreas reguladoras sean en ocasiones sutiles, la propia existencia de las mismas obliga a interpretar los datos de la literatura internacional con cierta precaución y, desde luego, es necesario tener en cuenta que los resultados publicados no siempre pueden extrapolarse a la situación española.

"España, “campo de pruebas” de las tabaqueras

"España, “campo de pruebas”Documentos Anisalud. Asociación Nacional de informadores de la salud. nº1.  Enero 2011.
Aser García Rada .

Las tabaqueras querían mantener el “modelo español” de legislación permisiva para exportarlo a otros países • British American Tobacco quiso minimizar datos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS sobre los efectos nocivos del tabaco en España

• Phillip Morris paga a la Federación Española de Hostelería (FEHR) entre 48.000 y 60.000 euros al año

• Fumadores por la Tolerancia se financia principalmente por publicidad de tabaqueras

• Forges rechazó en 1973 una oferta de 200.000 pesetas mensuales (18.000 euros de hoy) para dibujar personajes fumando

• Las discrepancias internas de los referentes sanitarios del PP no evitan un discurso público contrario a una ley restrictiva

• Santiago Cervera (PP): “la Comunidad de Madrid ha confundido el orden de libertades”

• El Corte Inglés presionó a diputados y senadores para poder vender tabaco en los Opencor.

La estrategia de la industria tabaquera en España, similar a la seguida en otros países, incluye presiones a políticos y la manipulación de la opinión pública mediante el cuestionamiento de los datos científicos sobre los efectos nocivos del tabaco y la creación de una alarma social basada, fundamentalmente, en el impacto económico que pudieran tener mayores restricciones.

Las referencias a la libertad, la convivencia y al excesivo peso del estado, son argumentos habitualmente mantenidos por este colectivo.

La industria se ha mantenido estratégicamente ausente de este debate público en favor de actores socialmente más aceptables a los que financia. Un diputado y un senador reconocen en privado que Altadis, una de las principales tabaqueras en España, perteneciente a Imperial Tobacco Group, ha ejercido presiones para obstruir el endurecimiento de la ley. No obstante, son contadas las ocasiones en las que las tabaqueras han hecho su aparición en los medios de comunicación.

Puede que en vista de una corriente de opinión cada vez más sensible a los problemas de la salud (en torno al 70% de la población española se muestra favorable a incrementar los espacios libres de humo), esta estrategia se está modificando hacia posiciones más agresivas. En una inusual entrevista concedida en noviembre pasado a El País, Dominic Brisby, presidente de Altadis, lo dejaba claro. “Creo que deberíamos ser un poco más proactivos defendiendo nuestros intereses y los de los 12 millones de españoles que fuman”, asegura el directivo, que califica la ley como “injusta” y “radical”, insinuando similitudes con el rechazo al tabaco de Adolf Hitler, lo que se ha dado en llamar “reductio ad Hitlerum”. Brisby insistía en el “desastre” que supondrá para la hostelería, al tiempo que relativiza el efecto sobre su propia cuenta de resultados. “En realidad, el impacto sobre las tabaqueras no va a ser tan grave”, recalcaba Brisby.

De forma coincidente en el tiempo,  la FHER se sumó al discurso extremista. En una carta dirigida a los senadores durante el debate en la Cámara Alta, José María Rubio, presidente de la FHER,  llegó a afirmar que “antes de verse obligados a cerrar, no tendrán más remedio que incumplir” la ley, pese a que ésta incluye sanciones importantes para los hosteleros que hagan la vista gorda.

Esta agresividad se suma a lo que parece una nueva estrategia mundial iniciada por la industria, mediante la cual las tabaqueras han pasado al ataque y comienzan a llevar a los tribunales las normativas restrictivas impulsadas por algunos países, como Uruguay o Brasil.

Como reconocen los propios documentos de la industria desclasificados a raíz de los acuerdos alcanzados en 1998 entre ésta y muchos estados de EEUU, desde los años 70 las tabaqueras empezaron a mostrar su interés por España por varios motivos: por un lado, la población española ha sido clásicamente más tolerante con el humo del tabaco y menos consciente de sus riesgos para la salud. Por otro, las peculiares características administrativas y agrícolas de las Islas Canarias hacían de España una buena puerta de entrada del negocio en Europa. Además, España tiene fuertes vínculos socioeconómicos y culturales con Latinoamérica y los países del norte de África.

El diario El País reveló en el año 2000, en un artículo titulado Philip Morris creó un lobby en España, dos documentos desclasificados (2500120653/0669 y 2501026750/6761 en www.tobaccodocuments.org) en los que este objetivo queda claro. El informe de Burson Marsteller para Phillip Morris, PM, fechado en 1992, denominado Social acceptability program. Initial recomendations for Spain (Programa de aceptabilidad social. Recomendaciones iniciales para España) señala “la oportunidad de tomar posiciones y ver si podemos proteger la aceptación social. Como tal, [España] puede ser un campo de pruebas importante para la protección a largo plazo de mercados que son más interesantes para nosotros a nivel mundial”.

Documentos inéditos aportados por Lluis Granero, técnico de apoyo a la planificación y promoción de la salud del Servicio Catalán de la Salud, que acaba de publicar el British Medical Journal, revelan como No obstante, la FEHR incurre en contradicciones notables en un documento revelado por el British Medical Journal titulado Defensa sectorial frente a la Ley antitabaco  y enviado durante el debate previo a la ley vigente desde 2006 (pág 4). La FEHR alerta a sus miembros de que “otra enmienda que se ha introducido y que puede afectar (en este caso desfavorablemente), es la prohibición de que los menores accedan a los espacios de fumadores de los establecimientos” aunque, a continuación, recomienda que “como venimos haciendo, debemos también seguir insistiendo en que los empresarios de hostelería coinciden con el objetivo de salud pública que se pretende lograr con esta ley y que están dispuestos a colaborar activamente en la lucha contra el tabaquismo”. Fiel a este criterio, la última campaña de la FEHR, lanzada en las semanas previas a la aprobación de la nueva ley, asegura: “La hostelería dice sí… Por eso reclamamos zonas para fumar sin servicio y sin menores” (págs. 6 y 7).

La FEHR, en documentos internos dirigidos a las asociaciones que la forman, reconocía las presiones ejercidas y contactos logrados con miembros del Gobierno, Ministerio de Sanidad, miembros de la Comisión de Sanidad del Congreso, y medios de información, previos a la aprobación de la ley de 2005. La FEHR se congratula de haber conseguido la libertad para que los empresarios decidan si sus locales son libres de humos “tras una intensa actividad de contactos ante el Gobierno, PSOE y el resto de los grupos parlamentarios”. Y las contradicciones continúan. Numerosos pequeños hosteleros consideran que les perjudicaría una norma que permita la opción de establecer áreas para fumadores, algo que, según el CNPT, contribuiría a mantener la aceptación social del tabaquismo, uno de los motivos por los que la ley de 2005 no tuvo el impacto esperado sobre el consumo. A pesar de esas reticencias, la FEHR ha solicitado insistentemente que, de cara a la nueva legislación, se pudiera reservar un 30% del espacio de sus locales para fumar.

Un representante de una asociación autonómica de hosteleros incluida en la FHER que no quiere ser identificado, reconoce que la aplicación de esta medida resultaría perjudicial para el colectivo en tanto que generaría una competencia desleal con los locales que se pudieran permitir esta adaptación, por espacio y recursos económicos: “Mucho local pequeño no va a poder hacer esta adaptación”, asegura este representante pese a lo que deriva para declaraciones oficiales a la junta directiva de la FHER, que ejerce un importante control de sus miembros.

Muchos hosteleros tampoco confían en las predicciones alarmistas de la FEHR. Según Rodrigo Córdoba, portavoz del CNPT, “algunos directivos de la FEHR no se lo creen, pero no se atreven a hacerlo público por temor a presiones exageradas”. Efectivamente, un directivo de la FEHR consultado, reconoce no creer que la restricción de fumar en todos los locales de ocio pueda tener un efecto negativo, salvo de forma marginal.

Esto pasó en la sanidad madrileña en 2008

COORDINADORA DE EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL ÁREA 1

Madrid, 15 de octubre de 2008

Estimados compañer@s:

La Atención Primaria está sufriendo en la Comunidad de Madrid (CM) un deterioro progresivo, dada la insuficiente financiación y la escasez de personal para hacer frente a las necesidades de salud de la población. Problemas a los que se suma el escaso interés de las autoridades sanitarias por favorecer la coordinación entre niveles asistenciales, y por desarrollar las actividades comunitarias y de prevención y promoción de la salud propias de la AP, así como su desprecio por la participación de los trabajadores del sistema sanitario y de la población.

En 2007 el gasto destinado a Atención Primaria fue de tan sólo 102 € por persona y año, el menor de todas las Comunidades. Y para 2008 se destina un 12,34% menos que en 2005, alcanzando apenas -una vez descontados los gastos de farmacia- el 10,62% del total del presupuesto sanitario de la CM, cuando la media de las CCAA se sitúa en torno al 14%.

En los últimos 10 años la población ha crecido un 20% en la CM, destacando el incremento de los mayores de 65 y los menores de 2 años -los que más recursos sanitarios consumen-, sin que las plantillas se hayan incrementado en la misma proporción, provocando que los trabajadores de AP soporten unas cargas de trabajo superiores a la media de las CCAA.

Tras años de desgaste, las autoridades sanitarias de la Comunidad informaron el pasado julio a los sindicatos de la Mesa Sectorial que en 2009 se llevará a cabo una reforma estructural de la Atención Primaria, que dejará de organizarse por Áreas Sanitarias, pasando los centros de salud a depender organizativamente de los hospitales de referencia -ya sean públicos o privados, lo que entraña la desaparición de las Gerencias de AP. En cada centro de salud se establecerá un Contrato de Gestión a imagen del modelo británico, que fijará una financiación per cápita basada en indicadores de eficiencia (derivaciones, gasto farmacéutico, TSI asignadas) y en indicadores de actividad. En otra reunión con las Sociedades Científicas, la Consejería de sanidad ha informado que su objetivo es la progresiva integración de niveles asistenciales y el progresivo desmantelamiento de la estructura de las Gerencias de Área hasta su desaparición. En un comienzo se crearán una o más Gerencias únicas - comenzando probablemente por el Hospital de Fuenlabrada-, unificando la gestión de los EAPs y del hospital de referencia, y abriendo la posibilidad de que los profesionales puedan simultanear actividad

asistencial en el hospital y el centro de salud. Otro objetivo es trasladar a los EAPs la toma de determinadas decisiones y sustituir la actual figura del Coordinador por la de Director de Equipo. Está prevista la creación de tres EBAs (Entidades de Base Asociativa) antes de acabar el año, con personal voluntario y laboral. Se trata de entregar la gestión de un EAP con su Zona Básica a una sociedad constituida fundamentalmente por personal sanitario, que asume los riesgos y beneficios propios de una empresa privada en un sistema de mercado. Tienen un presupuesto con el que deben hacer frente a los gastos, a la contratación del personal que crean conveniente y a los salarios.

El plan de la Comunidad sigue el clásico esquema de provocar el deterioro y extender que el modelo no vale, para facilitar cambios de orientación. En este caso las reformas suponen el desmantelamiento de la Atención Primaria y del modelo sanitario nacido al abrigo de la Ley General de Sanidad.

La supresión de las Gerencias de AP por Áreas implica el debilitamiento y sometimiento de los EAPs a los intereses de cada hospital, ya que el menor peso económico, de plantillas y la dispersión de los centros de salud, disminuyen el poder político de la AP para asegurar su desarrollo.