Aser García Rada .
Las tabaqueras querían mantener el “modelo español” de legislación permisiva para exportarlo a otros países • British American Tobacco quiso minimizar datos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS sobre los efectos nocivos del tabaco en España
• Phillip Morris paga a la Federación Española de Hostelería (FEHR) entre 48.000 y 60.000 euros al año
• Fumadores por la Tolerancia se financia principalmente por publicidad de tabaqueras
• Forges rechazó en 1973 una oferta de 200.000 pesetas mensuales (18.000 euros de hoy) para dibujar personajes fumando
• Las discrepancias internas de los referentes sanitarios del PP no evitan un discurso público contrario a una ley restrictiva
• Santiago Cervera (PP): “la Comunidad de Madrid ha confundido el orden de libertades”
• El Corte Inglés presionó a diputados y senadores para poder vender tabaco en los Opencor.
La estrategia de la industria tabaquera en España, similar a la seguida en otros países, incluye presiones a políticos y la manipulación de la opinión pública mediante el cuestionamiento de los datos científicos sobre los efectos nocivos del tabaco y la creación de una alarma social basada, fundamentalmente, en el impacto económico que pudieran tener mayores restricciones.
Las referencias a la libertad, la convivencia y al excesivo peso del estado, son argumentos habitualmente mantenidos por este colectivo.
La industria se ha mantenido estratégicamente ausente de este debate público en favor de actores socialmente más aceptables a los que financia. Un diputado y un senador reconocen en privado que Altadis, una de las principales tabaqueras en España, perteneciente a Imperial Tobacco Group, ha ejercido presiones para obstruir el endurecimiento de la ley. No obstante, son contadas las ocasiones en las que las tabaqueras han hecho su aparición en los medios de comunicación.
Puede que en vista de una corriente de opinión cada vez más sensible a los problemas de la salud (en torno al 70% de la población española se muestra favorable a incrementar los espacios libres de humo), esta estrategia se está modificando hacia posiciones más agresivas. En una inusual entrevista concedida en noviembre pasado a El País, Dominic Brisby, presidente de Altadis, lo dejaba claro. “Creo que deberíamos ser un poco más proactivos defendiendo nuestros intereses y los de los 12 millones de españoles que fuman”, asegura el directivo, que califica la ley como “injusta” y “radical”, insinuando similitudes con el rechazo al tabaco de Adolf Hitler, lo que se ha dado en llamar “reductio ad Hitlerum”. Brisby insistía en el “desastre” que supondrá para la hostelería, al tiempo que relativiza el efecto sobre su propia cuenta de resultados. “En realidad, el impacto sobre las tabaqueras no va a ser tan grave”, recalcaba Brisby.
De forma coincidente en el tiempo, la FHER se sumó al discurso extremista. En una carta dirigida a los senadores durante el debate en la Cámara Alta, José María Rubio, presidente de la FHER, llegó a afirmar que “antes de verse obligados a cerrar, no tendrán más remedio que incumplir” la ley, pese a que ésta incluye sanciones importantes para los hosteleros que hagan la vista gorda.
Esta agresividad se suma a lo que parece una nueva estrategia mundial iniciada por la industria, mediante la cual las tabaqueras han pasado al ataque y comienzan a llevar a los tribunales las normativas restrictivas impulsadas por algunos países, como Uruguay o Brasil.
Como reconocen los propios documentos de la industria desclasificados a raíz de los acuerdos alcanzados en 1998 entre ésta y muchos estados de EEUU, desde los años 70 las tabaqueras empezaron a mostrar su interés por España por varios motivos: por un lado, la población española ha sido clásicamente más tolerante con el humo del tabaco y menos consciente de sus riesgos para la salud. Por otro, las peculiares características administrativas y agrícolas de las Islas Canarias hacían de España una buena puerta de entrada del negocio en Europa. Además, España tiene fuertes vínculos socioeconómicos y culturales con Latinoamérica y los países del norte de África.
El diario El País reveló en el año 2000, en un artículo titulado Philip Morris creó un lobby en España, dos documentos desclasificados (2500120653/0669 y 2501026750/6761 en www.tobaccodocuments.org) en los que este objetivo queda claro. El informe de Burson Marsteller para Phillip Morris, PM, fechado en 1992, denominado Social acceptability program. Initial recomendations for Spain (Programa de aceptabilidad social. Recomendaciones iniciales para España) señala “la oportunidad de tomar posiciones y ver si podemos proteger la aceptación social. Como tal, [España] puede ser un campo de pruebas importante para la protección a largo plazo de mercados que son más interesantes para nosotros a nivel mundial”.
Documentos inéditos aportados por Lluis Granero, técnico de apoyo a la planificación y promoción de la salud del Servicio Catalán de la Salud, que acaba de publicar el British Medical Journal, revelan como No obstante, la FEHR incurre en contradicciones notables en un documento revelado por el British Medical Journal titulado Defensa sectorial frente a la Ley antitabaco y enviado durante el debate previo a la ley vigente desde 2006 (pág 4). La FEHR alerta a sus miembros de que “otra enmienda que se ha introducido y que puede afectar (en este caso desfavorablemente), es la prohibición de que los menores accedan a los espacios de fumadores de los establecimientos” aunque, a continuación, recomienda que “como venimos haciendo, debemos también seguir insistiendo en que los empresarios de hostelería coinciden con el objetivo de salud pública que se pretende lograr con esta ley y que están dispuestos a colaborar activamente en la lucha contra el tabaquismo”. Fiel a este criterio, la última campaña de la FEHR, lanzada en las semanas previas a la aprobación de la nueva ley, asegura: “La hostelería dice sí… Por eso reclamamos zonas para fumar sin servicio y sin menores” (págs. 6 y 7).
La FEHR, en documentos internos dirigidos a las asociaciones que la forman, reconocía las presiones ejercidas y contactos logrados con miembros del Gobierno, Ministerio de Sanidad, miembros de la Comisión de Sanidad del Congreso, y medios de información, previos a la aprobación de la ley de 2005. La FEHR se congratula de haber conseguido la libertad para que los empresarios decidan si sus locales son libres de humos “tras una intensa actividad de contactos ante el Gobierno, PSOE y el resto de los grupos parlamentarios”. Y las contradicciones continúan. Numerosos pequeños hosteleros consideran que les perjudicaría una norma que permita la opción de establecer áreas para fumadores, algo que, según el CNPT, contribuiría a mantener la aceptación social del tabaquismo, uno de los motivos por los que la ley de 2005 no tuvo el impacto esperado sobre el consumo. A pesar de esas reticencias, la FEHR
ha solicitado insistentemente que, de cara a la nueva legislación, se pudiera reservar un 30% del espacio de sus locales para fumar.
Un representante de una asociación autonómica de hosteleros incluida en la FHER que no quiere ser identificado, reconoce que la aplicación de esta medida resultaría perjudicial para el colectivo en tanto que generaría una competencia desleal con los locales que se pudieran permitir esta adaptación, por espacio y recursos económicos: “Mucho local pequeño no va a poder hacer esta adaptación”, asegura este representante pese a lo que deriva para declaraciones oficiales a la junta directiva de la FHER, que ejerce un importante control de sus miembros.
Muchos hosteleros tampoco confían en las predicciones alarmistas de la FEHR. Según Rodrigo Córdoba,
portavoz del CNPT, “algunos directivos de la FEHR no se lo creen, pero no se atreven a hacerlo público por temor a presiones exageradas”. Efectivamente, un directivo de la FEHR consultado, reconoce no creer que la restricción de fumar en todos los locales de ocio pueda tener un efecto negativo, salvo de forma marginal.
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